Los kurdos de Raqqa esperan su retorno mientras se retrasan las promesas oficiales
Miles de familias kurdas desplazadas de la provincia de Raqqa siguen esperando la implementación de medidas concretas que les permitan regresar a sus zonas de origen y recuperar sus propiedades, más de tres semanas después del anuncio de la creación de una comisión gubernamental encargada de este expediente, en un contexto marcado por la ausencia continuada de acciones efectivas sobre el terreno.
Las operaciones militares llevadas a cabo por las fuerzas del gobierno sirio de transición en el norte y el este del país a principios de este año habrían provocado, según fuentes locales, el desplazamiento de aproximadamente dos mil familias kurdas desde la provincia de Raqqa. La mayoría se ha refugiado en Kobane y en la región de Jazira, dejando atrás sus viviendas, tierras agrícolas y bienes.
El 7 de junio se celebró una reunión en la provincia de Raqqa con la participación del gobernador de Hasaka, Nour Al-Din Ahmed, el responsable de las fuerzas de seguridad interior Mahmoud Khalil, así como representantes de comunidades locales y de desplazados kurdos, con el objetivo de estudiar los mecanismos de retorno y las cuestiones relacionadas con propiedades y tierras perdidas durante el desplazamiento.
De dicha reunión surgió la creación de una comisión conjunta entre las gobernaciones de Hasaka y Raqqa, encargada de coordinar las condiciones de retorno de los desplazados y de gestionar los expedientes relacionados con bienes y tierras en disputa.
Sin embargo, según representantes de los desplazados, el trabajo de esta comisión se ha limitado hasta ahora a reuniones y a la elaboración de listas y documentos, sin que se hayan aplicado medidas operativas que permitan el regreso o la restitución de las propiedades.
Las mismas fuentes indican que se ha elaborado un registro de personas desplazadas y de sus lugares de residencia actuales, y que se han presentado alrededor de veinte denuncias ante las autoridades de Raqqa por casos de apropiación de tierras y bienes pertenecientes a civiles kurdos.
Añaden que parte de las tierras agrícolas afectadas ya han sido explotadas durante la actual temporada agrícola, mientras que otras parcelas han sido nuevamente cultivadas tras la cosecha, mientras sus propietarios legítimos siguen sin poder acceder ni ejercer sus derechos sobre ellas.
Los observadores consideran que la continuidad del control sobre estas propiedades, junto con la falta de medidas concretas para su restitución, debilita la confianza en los compromisos anunciados y plantea interrogantes sobre las razones del estancamiento pese a la creación de la comisión.
En este contexto, las miles de familias kurdas afectadas continúan a la espera de decisiones ejecutivas que transformen las promesas en hechos y les permitan regresar a sus hogares y recuperar sus bienes aún fuera de su control.
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